Foto archivo El Comercio
La trascendencia de la Ley de Consulta Previa, aprobada ayer por unanimidad en el Congreso, radica en que a partir de ahora los pueblos indígenas u originarios podrán solicitar ser consultados sobre las medidas legales, planes, programas y proyectos que afecten directamente sus derechos, sean estos físicos, de identidad, calidad de vida o desarrollo.
La norma se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
¿ANTE QUIÉN SE SOLICITA LA CONSULTA?
En caso la entidad estatal pertenezca al Ejecutivo y desestime el pedido, la comunidad puede impugnar ante el Órgano Técnico Especializado en materia Indígena (adscrito al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura). Agotada la vía administrativa se puede recurrir ante los órganos jurisdiccionales competentes.
Lea las funciones del mencionado órgano técnico AQUÍ.
¿QUÉ PASA SI NO HAY ACUERDO?
¿Qué dice al respecto la nueva norma? En su artículo 15 afirma que para que haya una decisión final sobre la aprobación de una medida legislativa o administrativa es necesario evaluar “los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos colectivos”.
El acuerdo -se indica- es obligatorio para ambas partes (y exigible en sede administrativa y judicial), pero, en el caso de que no se alcance un pacto, entonces le corresponde a las entidades estatales “adoptar las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios, de tal forma que no se afecte el derecho a la vida, la integridad y el pleno desarrollo”.
¿LA NORMA ES VINCULANTE?
“Lo que se quería anteriormente es que, si se hacía la consulta, la decisión de los pueblos debería ser vinculante, algo que no se recoge en este proyecto”, dijo Chacón.
“La consulta no es vinculante, pero sí se requiere una licencia social. Si no la hay, los proyectos, en la práctica, avanzan con dificultad y más adelante habrá una consulta formal. Si en esta se dice que no, será muy difícil que el Estado pueda impulsar el proyecto”, afirmó Eguren.
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