Yanacocha es la mina de oro más grande del mundo. En quechua, Yanacocha significa “lago negro”. Negra es también la historia de Yanacocha y la de su dueño, la minera estadounidense Newmont. El año 2000, Newmont obtuvo el control de la mina, ganando una batalla legal contra la minera estatal francesa BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres) y su socio australiano, la minera Normandy Poseidón.
Pero la decisión del Poder Judicial peruano fue el resultado de presiones políticas. Inicialmente, la justicia peruana había fallado a favor de la estadounidense Newmont en dos ocasiones. Pero, en 1997, la Corte Suprema volvió a abrir el caso al mismo tiempo que el gobierno francés ejercía intensas presiones sobre el gobierno peruano.
La New York Times asegura que hasta el presidente francés, Jacques Chirac, se inmiscuyó en el asunto escribiéndole al entonces presidente peruano, Alberto Fujimori.
Newmont no se quiso quedar atrás. A través de un alto ejecutivo, Lawrence T. Kurlander, empezó a contactar a Vladimiro Montesinos. El 26 de febrero de 1998, Kurlander visita al jefe del SIN. La visita está registrada en el amplio fundo de “vladivideos” descubiertos hasta el momento. Durante el encuentro, Montesinos se compromete a intervenir en el caso. No hay evidencia de sobornos.
El ocho de mayo, la sexta sala de la Corte Suprema vota, pero no llega a una decisión. Son tres votos a favor de Newmont, y tres en contra. Para romper el empate, el Poder Judicial convoca a Jaime Beltrán Quiroga. Al día siguiente, Beltrán Quiroga aparece en la sala de Montesinos. Éste le habla de la importancia de la decisión, sostiene que es de interés nacional mantener buenas relaciones con los Estados Unidos. Por supuesto, Montesinos no cuenta que trabaja para el servicio de inteligencia estadounidense, CIA, recibiendo un millón de dólares anuales, supuestamente por la lucha antidrogas. Más bien, promete a Beltrán Quiroga un ascenso.
Dos semanas después se hace público el voto dirimente de Beltrán Quiroga: A favor de Newmont y su socio peruano, Buenaventura. Ambos adquieren la participación de la francesa BRGM al precio de compra establecido en 1993: 110 millones de dólares. El valor real, sin embargo, era cinco veces mayor.
Falta de transparencia
Las protestas sociales en contra de Newmont explotaron en setiembre del 2004. Newmont había expandido su área de explotación hacia el cerro Quilish. Miles de personas bloquean el camino de acceso al cerro Quilish. El resultado fueron duros enfrentamientos con la policía, gases lacrimógenos y heridos. Durantes los días de protesta, Newmont sigue extrayendo oro, movilizando a sus trabajadores a través de helicópteros.
La protesta es liderada por el padre Marco Arana, seguidor de la Teología de la Liberación. En los últimos tiempos, las protestas también han sido apoyadas por la ONG inglesa Oxfam.
Los protestantes alegaban contaminación ambiental por parte de Newmont. Según la investigación de la New York Times, existen indicios suficientes para demostrarlo. En junio del 2000, un camión de Newmont derramó 150 kilogramos de mercurio a lo largo de varios kilómetros en Choropampa, en las inmediaciones de la mina. Los pobladores, pensando que el mercurio contenía oro, lo recogieron. Algunos de ellos incluso lo llevaron a sus casas.
Una investigación del Banco Mundial concluyó que Newmont demoró en comunicar el accidente al gobierno, restándole importancia. El gobierno peruano finalmente multó a Newmont con 500 mil dólares. Además, existe una juicio colectivo en contra de Newmont en Estados Unidos, acusándola de haber lesionado a más de mil personas.
Poco después del incidente, Newmont encargó un estudio sobre el impacto ambiental de Yanacocha. Los resultados de la investigación nunca fueron hechos públicos, ni siquiera comunicados a los accionistas de la empresa. Pero la New York Times asegura tener acceso al estudio y sus 44 conclusiones. Según este diario, el estudio confirma muchas de las protestas de los pobladores de Yanacocha: Las aguas estaban siendo contaminadas y los peces desaparecían. En una carta escrita por Kurlander, ejecutivo de Newmont, y dirigida a su jefe, Wayne Murdy, se habla de resultados tan serios que podrían poner en peligro el funcionamiento de la mina e incluso acarrear “acusación penal y encarcelación”.
Los pésimos resultados del estudio ambiental hicieron que Newmont invirtiera mucho más dinero en la protección al medio ambiente. Según Murdy, Newmont gastó 100 millones de dólares para ello. Hace tres años, el Banco Mundial encargó un estudio geoquímico sobre el impacto de la mina en las aguas. El estudio demuestra que la calidad del agua es buena, apta para el consumo humano. Pero también señala que, a largo plazo, la calidad del agua podría verse seriamente afectada por los residuos químicos que la mina produce y que con el tiempo entrarían en contacto con el agua. Por esa razón, será necesario un constante monitoreo y ciudado ambiental, aun cuando la mina haya dejado de operar en el futuro.
Fragmentación social
Más allá de las inconductas de Newmont (que deben ser investigadas) salta a la vista la ausencia del Estado como mediador entre sociedad y empresa privada. La pésima gestión ambiental de Newmont hasta el año 2000 debió haber sido detectada, publicada y sancionada por el Estado. Las violentas protestas del 2004 se habrían podido evitar estableciendo un eficiente canal de comunicación con los pobladores de Yanacocha, informándoles sobre irregularidades, avances y multas, pero también haciéndolos partícipes de una discusión sobre ventajas y desventajas de las inversiones mineras.
Newmont sostiene que solo en el 2004 ha pagado 180 millones de dólares en impuestos, de los cuales la mitad correspondieron a la provincia de Cajamarca. Pero tanto dinero no tendrá utilidad alguna mientras no sea transformado en proyectos útiles, de largo plazo, que repercutan de manera significativa en desarrollo y bienestar de los cajamarquinos. Para ello hace falta la articulación de un proyecto común, inclusivo e igualitario, tanto a nivel nacional como provincial.
Las declaraciones de Alberto Benavides, jefe de Buenaventura y socio de Newmont, representan el sentir de buena parte del empresariado peruano. El New York Times le preguntó si la explotación de Yanacocha requería también una “licencia social”, es decir, si debía contar con el consentimiento de los pobladores. Su respuesta fue:
No entiendo lo que “licencia social” quiere decir. Yo requiero una licencia de las autoridades, del Ministerio de Energía y Minas. Requiero una licencia del gobierno regional. No requiero una licencia de toda la comunidad.
La misma perspectiva es adoptada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y políticos de derecha cuando reclama “mano dura” y la “imposición de autoridad” cuando hay protestas sociales. Para ellos, las protestas son el resultado de “elementos infiltrados” de Patria Roja, del narcotráfico o de Sendero Luminoso. De este modo, buscan ningunear a las protestas, restarles credibilidad y evitar el diálogo.
Saben que la ley y el aparato del Estado están de su lado. Pero no han aprendido la lección boliviana. Allá, en Bolivia, los políticos de derecha saben lo que significa un desborde masivo, incontrolable. El actual presidente Quiroga ha modificado su discurso “economista” por otro que le da mucho más espacio a las demandas sociales (ver: Mirko Lauer: El Lourdes boliviano). Foto tomada de: http://rioabiertoperu.org/
PROYECTO CONGA
Leer sobre Proyecto Conga:
Cuatro problemas que tiene que resolver Conga:
1. Cuando desaparezcan las lagunas los campesinos se quedarán sin agua
• Conga afectará cuatro lagunas. Tres van a ser reemplazadas por reservorios de cemento
2. Los relaves contaminarán todas las cuencas
3. El EIA se hizo sin participación del pueblo
4. Los reservorios alteran el equilibrio de la zona
ES LO QUE DESAPARECERÁ CON
EL PROYECTO CONGA
Cajamarca, Jueves, Noviembre 17, 2011
El
presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, insistió en que no permitirá que sigan las labores del
Proyecto Conga en la región y
criticó al presidente Ollanta Humala por
respaldar a la mineríae
incumplir sus promesas.
Santos señaló que la pareja presidencial aseguró durante su campaña que se cambiaría el modelo económico del país para no perjudicar el medio ambiente explotando la minería y señaló que otros grupos de poder son quienes ahora controlan el estado.
Así mismo, exigió una reunión con el Poder Ejecutivo en Cajamarca ante la amenaza de protesta de la población, lo que podría ocasionar un desborde social que escaparía al control del gobierno regional.
