Debate de ley de consulta previa se relega en el Congreso desde hace 11 meses. Especialistas indican que gobierno de García ha ignorado al pueblo indígena.
(Giancarlo Shibayama/ El Comercio)
Por Vanessa Romo Espinoza. El Comercio
Luego del 5 de junio del 2009 no se puede pronunciar Bagua sin dolor. Desde ese 5 de junio, Santiago Manuin, líder awajun que fue herido de gravedad en el enfrentamiento en el que murieron 10 indígenas, ve cómo su pueblo continúa ignorado, pese a las promesas de aprobar una ley de consulta previa que les garantice una participación en el sistema democrático. Desde ese 5 de junio, Felipe Bazán se despierta pensando que su hijo está vivo, el policía desaparecido el día en que también murieron 23 agentes. A menos de un mes y medio de que este gobierno concluya su gestión, Bagua sigue retumbando en un eco de indiferencia.
Dos decretos legislativos que regulaban el tema forestal y el aprovechamiento de las tierras de uso agrario, el 1090 y el 1064, generaron alerta en los pueblos indígenas. Al demostrarse que estos eran incompatibles con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se establece la consulta previa, se pidió su derogación durante 10 meses.
En abril del 2009 comenzaron las protestas. Luego de 58 días de tensión y once días de bloqueos de la carretera Belaunde Terry en la región Amazonas, el fatal 5 de junio enfrentó a policías e indígenas en la Curva del Diablo. Trece días después, el Congreso aprobó la derogación de los decretos.
Sin embargo, la labor recién comenzaba para la reivindicación de estos pueblos. La ley de consulta fue priorizada dentro de las mesas de trabajo que reunió al Ejecutivo, Legislativo, las asociaciones indígenas y la sociedad civil. Dos años después de esos acuerdos en el papel, nada ha cambiado en la práctica.
Alicia Abanto, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señala que la autógrafa de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, acorde con el mencionado convenio 169 de la OIT, fue aprobada por unanimidad en el 2010 en el Parlamento.
“Sin embargo, el Ejecutivo hizo dos cuestionables observaciones en las que se rechazaba la existencia de pueblos indígenas en la zona andina y se puntualizaba que solo se harían consultas cuando los proyectos afecten directamente a los pueblos indígenas”, dice.
UNA LEY PREVENTIVA
Abanto indica que luego de cerca de once meses de postergaciones, durante los cuales la defensoría también ha insistido, el pleno aún no ha priorizado este tema para debatirlo. “El Congreso todavía puede aprobar lo establecido en la autógrafa y podríamos tener una ley de consulta antes del próximo gobierno. Hay que entender que esta ley sería la clave para prevenir los conflictos sociales y que a través del diálogo se proteja a las comunidades”, agrega.
El presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso, Washington Zeballos, señala que su grupo de trabajo ha insistido para que se debata en el pleno pero que no ha habido voluntad de ponerlo a debate. “El presidente del Congreso dijo públicamente que lo haría, pero nada. Aún nos quedan dos semanas para hacerlo, pero no tengo muchas esperanzas de que esto suceda”, dice.
“El gobierno entiende que esta aprobación es un obstáculo para la inversión privada, mientras que nosotros pensamos que puede ser un mecanismo útil para la paz social porque lo que promueve la consulta es el diálogo. Esto es por una paz social”, puntualiza.
RESPONSABILIDAD ESTATAL
El politólogo Carlos Reyna ahonda en el papel del Ejecutivo en esta exclusión. “La responsabilidad es del gobierno. Ellos fueron los responsables de que el 4 de junio del 2009, cuando iba a discutirse la derogación de los decretos, se sacara el tema de la agenda del pleno. Eso pudo detener la tragedia”, dice.
Reyna cree que el tema de fondo es que los estudios de impacto ambiental de proyectos mineros o hidroenergéticos están monopolizados por el Ministerio de Energía y Minas, lo que para él produce un conflicto de intereses. “Estos estudios deben ser observados primero por la gente a la que le va a afectar la obra”, acota.
“Este gobierno termina con una gran deuda con los pueblos indígenas. Nunca se ofrecieron disculpas. Incluso la ministra del Interior de ese entonces,Mercedes Cabanillas, hizo que la condecoraran. Es inaudito”, recalca.
Para el congresista Güido Lombardi, quien encabezó una de las comisiones investigadoras de los sucesos en Bagua, lo que sucedió ese 5 de junio no sirvió de nada. “Que no se haya aprobado aún la ley de consulta previa es una señal de que no nos importa nada lo que pase con el sector indígena”, dice.
Según Lombardi, no se ha impulsado una solución a esta ley para exonerar de responsabilidad a este gobierno. “Tenemos que aprobar la ley en este Congreso, porque el próximo será muy difícil que llegue a un consenso. Con esto el Parlamento se lavará la cara”, indica.
DEUDAS IMPAGABLES
En Bagua, los indígenas deberán votar en su día de luto. Santiago Manuin, ahora consejero regional de Amazonas, prefiere olvidar lo que pasó en la Curva del Diablo. “Es una tortura recordar los hechos sangrientos que me tocó vivir”, dice y prefiere seguir trabajando.
Por el caso de la Curva del Diablo hay 65 indígenas procesados y tres recluidos en penales. “Mientras tanto los responsables políticos siguen libres”, dice Iván Carrascal, de Aidesep.
En Bagua también vive Felipe Bazán Caballero, padre del policía que lleva su nombre y que desapareció ese 5 de junio. “Todos los días pienso que encontraré a mi hijo, pero el gobierno no hizo nada para apoyarme. Por dos meses, ocho policías lo buscaron y luego quedé yo solo, entrando a comunidades nativas. Yo no culpo a los indígenas. La responsabilidad viene de arriba y yo solo pido que se sepa la verdad de lo que pasó ese día”, dice.
Yehude Simon, primer ministro ese 5 de junio, hace un mea culpa y promete que resarcirá la deuda pendiente cuando empiece su labor de congresista. “Yo voy a luchar para que esa ley de consulta se apruebe y tengo un proyecto con los deudos de los policías. No los he olvidado”, ofrece.
En Bagua, la vida sigue igual que hace dos años, con más heridas, eso sí. Mientras tanto esperan que el próximo gobierno sí pague esa deuda histórica con su pueblo.
CRONOLOGÍA
Los decretos de la discordia
28/6/2008
Se publican los decretos legislativos sobre la ley de la Amazonía, entre ellos el 1090 y el 1064.
26/5/2009
Pobladores de Bagua y Utcubamba acatan un paro indefinido para exigir que deroguen dichos decretos.
28/5/2009
Se suspende en el Congreso el debate sobre el proyecto de ley que derogaría el decreto 1090.
5/6/2009
La policía se enfrenta a los nativos que bloquean la carretera Belaunde Terry. Se produce el secuestro de los policías ubicados en la estación 6. Hubo 33 muertos.
17/6/2009
El Gobierno y los dirigentes nativos acuerdan derogar los decretos 1090 y 1064. El presidente García acepta que hubo una sucesión de errores en el manejo del conflicto.
18/6/2009
El Congreso aprueba la derogación de los cuestionados decretos.
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