SENDERO Y EL NARCOTRÁFICO

Sendero y el narcotráfico: Todos los gatos son pardos Eduardo Toche Decía el presidente Mao que los fundamentos de la acción política radicaban en hallar la contradicción principal y el aspecto principal de la contradicción. Luego de décadas de enfrentamiento con Sendero Luminoso, se podría sospechar que poco o nada se conoce de lo que fue, en su momento, la principal amenaza para la seguridad nacional, si nos remitimos a los actuales “planes” y “acciones” contra subversivas. Durante los últimos meses se ha configurado la idea, debidamente “trabajada” por algunos medios de comunicación, de una reactivación de Sendero Luminoso en las cuencas cocaleras. Para el efecto, en líneas generales se presenta la situación como si existiera un único y gran problema de seguridad en esas zonas, homologando en una misma dimensión subversión y narcotráfico, haciendo aparecer al primero como el problema fundamental por resolver. Si entendemos bien, la acción gubernamental pareciera querer decirnos que acabando con los rezagos senderistas se golpearía decisivamente al narcotráfico. En esa línea, en el mejor de los casos, parece sugerir que aquello que denomina “narcoterrorismo” se combate con una estrategia esencialmente contra subversiva. Este planteamiento carece de toda lógica. Como se ha afirmado reiterativamente desde que los estadounidenses inventaron el término “narcoterrorista” décadas atrás, esa supuesta categoría solo garantiza una intervención completamente errada. Subversión y narcotráfico se tocan en más de un punto crucial pero, en esencia, estamos ante actividades que responden a fines completamente diferentes. El narcotraficante quiere hacer dinero ilegalmente, el subversivo capturar el poder político: uno puede hacer actos terroristas y el otro traficar con drogas, pero no son obviamente lo mismo. En esa línea, si Sendero existe en las zonas de cocales, tendríamos que saber cuál es su objetivo político y, por tanto, la ‘direccionalidad’ de sus supuestas acciones. Esto conduce a una cuestión evidente. Subversión y narcotráfico obligan a diseñar estrategias diferentes, aun cuando deben armonizarse y complementarse. En ese sentido, debe preguntársele al Gobierno cuáles son para nuestro caso. Lamentablemente, y he ahí el verdadero problema, estas no existen. A fines del 2006 el Gobierno aprista anunció la implementación del Plan VRAE. Luego de dos años, lo que se argumentó como una intervención dirigida al desarrollo, en la que se incluían algunos componentes militares y policiales, terminó en el rotundo fracaso que se preveía desde su lanzamiento. Sin mayor diagnóstico de la situación, sin plantearse la necesidad de tener aliados entre las organizaciones sociales y las autoridades locales —vistos todos como “narcoterroristas”, sin objetivos ni plazos— era obvio que el celebrado anuncio de diciembre del 2006 terminaría en lo que fue. La alternativa frente a eso empezó a delinearse y ahora la tenemos ya consolidada: la presencia estrictamente militar en esa región. Se argumenta la necesidad de terminar definitivamente con los rezagos senderistas en Viscatán. Al respecto, sin considerar que el supuesto núcleo senderista sobrevive allí más de una década, hay cuestiones no respondidas sobre los reales objetivos de este grupo armado. Viscatán es la puerta del VRAE. ¿No será esto último el dato más importante para comprender la importancia de la zona? Desde allí, como se afirma, puede controlarse una extensa área del centro del país y, bajo esa premisa, suponer que es un punto privilegiado para regular, entre otras cosas, el ingreso de precursores y la salida de cocaína, pues no podemos olvidar que es el productor del 70% de esta sustancia a escala nacional. Así, ¿por qué difundir la idea de que allí se está combatiendo a rezagos senderistas de quien nadie puede asegurar sus intenciones políticas ni la estructura de su organización? ¿No hay ningún interés del narcotráfico sobre esa zona? Entonces, sin dejar de lado la presencia senderista en esos territorios, es evidente que el problema fundamental resulta ser el narcotráfico. Si los rezagos subversivos dependen de este último, es obvio que cortándole su principal vía de subsistencia tenderán a desaparecer. Ahora bien: nada de esto significa afirmar que Sendero Luminoso no está activo. Lo está, pero en otros frentes. Uno de ellos es el ámbito legal, en el que están aplicando desde inicios de la presente década una serie de acciones para tratar de amenguar las penas impuestas a sus militantes que están en prisión. Por otro lado, Sendero también parece estar crecientemente activo en algunos escenarios de conflictos sociales, así como en la llamada “lucha legal”, es decir, participando en diversas organizaciones y frentes que actúan dentro de la formalidad política del país.

En suma, como siempre se ha afirmado, Sendero aún plantea un reto político. El Estado, como siempre, asume que es un problema estrictamente militar.