AMAZONÍA Y SUS DEMANDAS POR RESOLVER. AGENDA AMAZÓNICA.

La agenda amazónica Hoy 9 de agosto que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los dirigentes de las comunidades nativas del país no quieren celebrar. Prefieren aprovechar esta ocasión para recordar al país que todavía tienen algunas demandas urgentes que podrían perderse entre las promesas políticas y el olvido de la opinión pública. Por Ghiovani Hinojosa La Reública 1. Que cese la represión. Según Daysi Zapata, presidenta interina de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), el actual gobierno ha revelado en las últimas semanas su carácter poco comunicativo y autoritario. “Hay una persecución política y penal contra 13 de nuestros dirigentes que aún están presos en la cárcel de Huancas (provincia de Chachapoyas, Amazonas)”, afirma. Y agrega que tres de sus líderes están asilados en Nicaragua, incluido Alberto Pizango. En realidad, desde que en julio del 2007 se aprobó el decreto legislativo 982 que modificó el Código Penal para declarar inimputables a los militares y policías que causen lesiones y muertes “en el cumplimiento de su deber y en uso de las armas en forma reglamentaria”, se consolidó esta tendencia a priorizar el gas lacrimógeno por sobre la palabra. Para Wilfredo Ardito, se trata de la “militarización de los conflictos sociales”. Lo cierto es que luego del convulso desalojo de la carretera Fernando Belaunde el 5 de junio, sobrevino una actitud hostil con dirigentes selváticos como el reconocido dirigente aguaruna Santiago Manuin, quien todavía está acusado de homicidio a pesar de que el gobierno, a través del ex primer ministro Yehude Simon, admitió que se había cometido un exceso. Y es que Manuin, herido gravemente de bala, fue uno de los primeros en condenar la violencia. Incluso, Simon se comprometió a ayudar en la recuperación de su salud. Pero Daysi Zapata, quien lo visitó hace poco, revela que hoy “está muy pálido, aún sigue custodiado por efectivos policiales, con peligro de ser encarcelado y tiene una deuda de cerca de 20 mil soles en el hospital de Chiclayo”. 2. Que no busquen dividirlos. Hace unos días, sorprendió la aparición en el ruedo político de un nueva junta directiva de Aidesep que se autoproclamaba como la genuina. Encabezados por Alexander Teets, un líder de la etnia awajún, se dejaban ver varios ex miembros de la dirigencia oficial que, aparentemente, arribarían fácilmente a acuerdos con el gobierno. De hecho, según Zapata, “este Aidesep paralelo fue promovido por el Instituto de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, que es de la gente aprista. En diciembre del año pasado, cuando Pizango fue elegido presidente en el seno de un consejo nacional de la organización, yo gané la vicepresidencia frente a Teets. Desde allí fue un renegado”. Daysi Zapata recuerda que los nuevos “dirigentes” no asistieron a las primeras reuniones en las mesas de diálogo establecidas entre el gobierno y las comunidades nativas de la selva; y que el 21 de julio los representantes regionales de Aidesep ratificaron a Alberto Pizango como su líder máximo. Y también lanza una advertencia: “Los apus de Bagua e Imaza han acordado que, si Alexander Teets pasa por la zona de Santiago, donde normalmente es visto, lo van a capturar y castigar”. 3. Que se resuelvan sus conflictos. Uno de las casos latentes de tensión con empresas multinacionales es el del pueblo shipibo konibo y la petrolera estadounidense Maple Gas, en el distrito de Contamana (provincia de Ucayali, Loreto). Allí una investigación de Aidesep mostró el 2005 que esta empresa no solo contaminó las aguas de los ríos de la zona de Canaan de Cachiyacu y estropeó parte de las zonas cultivadas, sino que su presencia trajo consigo altos índices de neumonía, diarrea y enfermedades de transmisión sexual en una población indígena que no solía sufrirlas. Según Daysi Zapata, luego de varias tomas de los nueve pozos petroleros que operan en este lugar, las demandas de indemnizaciones aún no han sido atendidas. Para el antropólogo Alberto Chirif, experto en temas amazónicos, el patrón del comportamiento estatal ha sido “negar la evidencia (de las malas prácticas empresariales)”. Es el caso del levantamiento de los nativos achuares en el río Corrientes (Loreto) el 2006, para protestar por la contaminación de sus aguas debido a la extracción de petróleo. Entonces, se tardó muchísimo en validar los informes del propio gobierno, que demostraron que sus pobladores tenían niveles excesivos de metales pesados en su sangre (Minsa) y que la cantidad de peces había disminuido considerablemente (Produce). Por todo esto, Aidesep anuncia que incluirá el tema medioambiental en las discusiones del Grupo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, actual encargado de solucionar esta problemática. 4. Que se sepa la verdad. La constitución de una Comisión de la Verdad de los sucesos de Bagua que viaje hacia esa zona e investigue las causas y consecuencias de las muertes de policías y nativos durante el desalojo de la carretera Belaunde, además de ofrecer conclusiones y recomendaciones a todo el país. Esa es la función de la primera de las cuatro mesas de diálogo instaladas el 22 de junio e integradas por dirigentes indígenas y funcionarios del gobierno. Si bien este proceso ya está encaminado y es probable que el Grupo Nacional se reúna en las próximas semanas para nombrar a los comisionados, Carlos Navas, coordinador de la mesa 1 y representante de Aidesep, acusa poca voluntad política de parte del Ejecutivo para conformar esta comisión. Y es que, mientras ellos, junto a miembros de la Iglesia Católica y la Confederación de Comunidades Amazónicas, presentaron el 20 de julio una propuesta de ocho posibles integrantes, entre ellos el psicoanalista Jorge Bruce, el gobierno central todavía no propone los suyos. 5. Que se deroguen los otros decretos. Si bien ya se retiraron del ordenamiento legal peruano los decretos legislativos 1090 y 1064, referidos a la gestión de los recursos naturales de la selva, los dirigentes indígenas aún luchan por la derogación de otros siete decretos también inconsultos. Uno de los más cuestionados es el 1089, que encarga al Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal titular los predios rurales. “En la práctica, este organismo busca imponer el esquema urbano de manzanas y divide nuestras tierras. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir así, la gente la confunde. Exigimos que se titule nuestros terrenos sin ‘manzanearlos’”. El Perú a contracorriente El anuario “El mundo índigena 2009”, presentado la semana pasada en la Feria del Libro, señala que el Perú no sintoniza con los procesos de reconocimiento indígena registrados en países desarrollados como Australia y Estados Unidos, donde se ha pedido disculpas a los nativos por los abusos del pasado. Sin ir muy lejos, en Paraguay una comisión investigadora ha encontrado que su gobierno es responsable del despojo continuado de las tierras de los nativos en las últimas décadas; Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en ratificar la Declaración Universal de los Derechos Indígenas el 2007; y Ecuador incluyó en su nueva Constitución derechos a la naturaleza y principios ancestrales como el “Sumak Kawsay” (vida límpida y en armonía)