NARCOTRÁFICO Y EL APRA

NARCOTRÁFICO Y EL APRA. Por Cathy García (cathygarciap@aol.com) El Partido Aprista tiene una larga historia con el narcotráfico. Carlos Lambert encarcelado por tráfico de cocaína, fue el “Soros” de las campañas electorales del APRA. Lambert financió la campaña electoral de Armando Villanueva del Campo en 1980 cuando fuera derrotado por Belaunde. En 1985, financio la campaña presidencial de García Pérez y su dinero fue crucial para convencer a Barrantes Lingan(1)*. Lambert se convirtió en dueño de Villa Mercedes, la casa de Haya de la Torre. En pleno gobierno de García Pérez en 1985, un laboratorio de pasta básica de cocaína explota en un barrio residencial de Lima. Era propiedad del narcotraficante Reynaldo Rodríguez López (asociado de Lambert) que operaba con la complicidad de funcionarios apristas, oficiales del ejército, la policía y varios empresarios. Los implicados contrataron como asesor legal a Vladimiro Montesinos. Mientras se realizaban las investigaciones con celeridad, el gobierno aprista reemplaza al fiscal a cargo de las investigaciones nombrando en su lugar a un allegado de Montesinos, el fiscal Hugo Denegri. Denegri tuvo como asistenta a Gabriela Tarazona-Sevillano(2)*, quienes se encargaron de encubrir el caso. ¿No nos recuerda este escándalo a la jueza que investigaba el “chuponeo” y el “gran faenón” hasta hace unos días (marzo del 2009) que el corrupto gobierno aprista acaba de defenestrar? Ya veremos a quien nombran en su reemplazo. En 1986, Lambert junto a Jorge Idiaquez (secretario personal del fundador del APRA) es detenido por tráfico de cocaína por la policía federal de Méjico. Otro prominente líder del APRA ligado a las firmas del narcotráfico es el siniestro personaje Agustín Mantilla Campos. Mantilla fue vice ministro del interior (1985-1990), secretario general del APRA y persona muy cercana a García Pérez (llegó a ser su guardaespalda personal). Mantilla fue el creador del escuadrón de la muerte “Rodrigo Franco” que asesino a líderes sindicales (Saúl Cantoral), abogados (como el Dr. Manuel Febres), periodistas (Luis Morales), estudiantes (Castillo Páez), etc. Mientras asesinaban al pueblo, Agustín Mantilla mandaba policías al mando de los delincuentes Alberto Kitazono y el “chito” Ríos para que protegieran a los capos del narcotráfico. Mientras era secretario general del APRA, Mantilla fue filmado en la salita del SIN recibiendo narcodólares de las manos de Montesinos por lo cual el gobierno de Paniagua lo envió a prisión. Pero a comienzos del 2009, García Pérez por medio de trigueñuelas judiciales ordenó su libertad al igual que al narcogeneral EP Eduardo Bellido uno de los mejores aliados de los carteles de la droga del Alto Huallaga. Manuel Ángel del Pomar Cárdenas, congresista del APRA, fue encontrado con las manos en la masa en el tráfico de cocaína por la policía pero un juez aprista decreto su inocencia. Poco después cuando viajo a Alemania, la INTERPOL le encontró en su maletín dos cheques millonarios del narcotráfico. El gobierno de García Pérez gestiona su retorno prometiendo a los alemanes una “investigación exhaustiva”. Del Pomar llego a Lima pero en vez de mandarlo a prisión lo devolvieron al parlamento. Bajo presión de la DEA e INTERPOL, la policía peruana lo fue a buscar al congreso para arrestarlo, pero el gobierno aprista preparo su fuga tramitándole una visa a Miami. Allí la DEA de EEUU lo quiso detener, pero nuevamente García Pérez se encargo de traerlo a Lima. Así, en la impunidad (como otras denuncias en el poder judicial), quedó en el olvido el caso del narcotraficante Del Pomar quien (según fuentes apristas) es un “inversionista” en Huacho, el norte chico del Perú. Es desde el primer gobierno de García Pérez (1985-1990) que el Poder Judicial empieza a llenarse de apristas, que junto a los jueces fujimontecinistas nombrados en los 90’s, garantizan la impunidad y el desarrollo del narcotráfico en el Perú. Tan pronto asumió el gobierno por segunda vez, García Pérez nombro en los más altos cargos del Poder Judicial (Tribunal Constitucional y la Corte Superior de Lima) a dos apristas de dudosa reputación. Ambos con historias de liberar a varios capos del narcotráfico y tapar investigaciones sobre violación de derechos humanos. Cesar Vega Vega (Presidente de la Corte Superior de Lima) es de la facción García Pérez- Mantilla-Roca, el ala más genocida del APRA. El control aprista del Poder Judicial es similar al que tuvo Fujimori-Montesinos en los 90’s. García Pérez está sacando decretos judiciales cocinados a su favor, por ejemplo en los casos El Frontón, Accomarca y Cayara (y prepara otros más). Es por eso que los abogados del reo Fujimori están pidiendo reciprocidad al corrupto Poder Judicial: “si a García Pérez lo dejan libre de paja y polvo de los genocidios que cometió porque no a Fujimori por los crímenes La Cantuta y Barrios Altos”. Con estas artimañas, tratan de “librarse” de los cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad que están pendientes en las cortes internacionales. Vanos intentos, porque este tipo de delitos no tiene limitación de estatutos, no expiran, no pueden ser sobreseídos. Y lo curioso es ver con frecuencia en los recintos del Palacio de Justicia en Lima a los jueces apristas pelearse con los jueces fujimontecinistas por tener los casos de los carteles de la droga ¿por qué será?, Además de lo gracioso que es ver en la TV del gobierno las campañas de “moralización” y “respeto a los derechos humanos” donde García Pérez pide a la población “ir a la fiscaliza a denunciar a los corruptos” ¿Será que allí nos espera un fiscal aprista o fujimontecinista que convertirá a los denunciantes en denunciados? En cada elección en el Perú el APRA y el fujimontecinismo revelan con nitidez sus alianzas con las firmas del narcotráfico. Hay centenares de autoridades políticas elegidas (alcaldes, presidentes regionales) y/o autoridades nombradas a dedo (gobernadores) con lazos a las firmas del narcotráfico. En el Congreso actual (2009) hay congresistas de casi todas las bancadas cuyas campañas electorales fueron financiadas por las firmas del narcotráfico. Los hermanos López Paredes, capos de las firmas del norte, son miembros activos y financistas del partido aprista (a principios del 2008 la revista Caretas revelo el nombre de un congresista coca). Aurelio Pastor es otro narcotraficante congresista muy cercano a García Pérez. Estos miserables, representantes de las firmas del narcotráfico en el Congreso peruano son los que tiran la cortina de humo al pueblo sobre el supuesto !narcoterrorismo de sendero luminoso!”. La convivencia APRA-narcotrafico llega a extremos. En las elecciones municipales de noviembre 1986, en Campanilla (centro de acopio de la cocaína en el Huallaga) el candidato del oficialismo (APRA) era nada menos que Humberto Chávez Peñaherrera, socio y hermano de uno de los más grandes narcotraficantes del Perú Demetrio Chávez Peñaherrera (el “Vaticano”). Para el consejo municipal de San Borja (Lima) el candidato aprista fue Freddy Zubieta del equipo legal de los carteles de la droga al igual que Cesar Nakasaki (abogado de Fujimori). El policía aprista Benedicto Jiménez6 (alias el Sheriff)(3)* es caso aparte. Este delincuente no solo fue integrante del comando “Rodrigo Franco” al mando de Mantilla, pero desde hace tiempo es un cuadro importante de las firmas de droga (como se descubrió en los audios publicados por la prensa recientemente). Benedicto Jiménez fue el candidato del APRA a la alcaldía de Lima.

NOTAS:

(1)*Alfonso Barrantes Lingan fue el candidato presidencial de Izquierda Unida (IU) en 1985 que debía competir con García Pérez la presidencia en elecciones suplementarias. Luego de una negociación secreta y sin consultar a IU se retira de la contienda para entregarle el poder en bandeja a García Pérez.

(2)*Gabriela Tarazona-Sevillano, fue jueza y funcionaria de la fiscalía al termino del primer gobierno de García Pérez (1985-1990). Fue asistente de Nelida Colan durante el régimen Fujimori-Montesinos, la fiscalía de Nelida Colan controlada por el SIN de Montesinos libero a capos del narcotráfico, tapo crímenes horrendos de los militares mientras ordenaba el arresto en masa de 20 luchadores sociales acusados de “narcoterroristas de sendero luminoso”. En los 90’s dio un testimonio falso al Congreso de EEUU.

(3)*Benedicto Jiménez (alias El Sheriff) es asesor del narcopolicia Miyashiro, jefe de la Dircote (policía antiterrorista).