PUEBLOS AMAZÓNICOS EN LUCHA Y LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA SU DIRIGENTE PIZANGO

Juristas ven persecución en denuncia contra Pizango. Dicen que gobierno busca intimidarlo con demanda por delito de rebelión que nunca existió.

Pretenden amedrentarlo

Denuncias son una evidente represalia por protestas. DETALLE Pizango fue citado al despacho de la 44ª Fiscalía Provincial que investiga el caso, pero este no asistió, por no haber sido notificado con la anticipación debida. La fiscal Jacqueline Sack, reprogramará para la próxima semana la declaración del dirigente, para que responda al cuestionario de preguntas que determinarán si las investigaciones concluyen en una denuncia penal por delito de rebelión o el caso se archiva. Juristas y defensores de los Derechos Humanos coincidieron en afirmar que la denuncia del procurador (abogado del gobierno) contra el dirigente indígena Alberto Pizango, ante la 44ª Fiscalía Provincial Penal por supuesto delito de rebelión constituye una flagrante persecución política, que pretende intimidarlo y silenciarlo por conducir la lucha por las justas demandas de los pueblos amazónicos. El ex procurador Ronald Gamarra sostuvo que la denuncia del procurador del Estado contra el dirigente indígena Alberto Pizango carece de todo sustento legal. Dijo que se trata de una exageración del gobierno, porque Pizango defiende los intereses de los pueblos indígenas y en ningún momento se declaró alzado en armas, ni levantó al pueblo en este sentido, cuando advirtió que las comunidades amazónicas se preparaban a declarar la insurgencia contra el gobierno mediante la resistencia o desobediencia civil. Todo fue en demanda a sus justas reivindicaciones como pobladores de las zonas afectadas de la Amazonía, señaló. “Con esta denuncia ante al Ministerio Público lo quieren amedrentar para que detenga las protestas y levante la huelga”, señaló Gamarra, al tiempo de señalar que lo hecho por Pizango no es delito por ningún lado que se le mire. “Esta investigación de la 44ª Fiscalía debe ir camino al archivo”, sostuvo. Mientras tanto, Miguel Jugo, director de Proyección Institucional de Aprodeh, calificó de grave la actitud del gobierno, de denunciar judicialmente, por un delito no cometido, al dirigente nativo, con el afán de neutralizarlo. “Esto se llama la criminalización de la protesta”, advirtió. Jugo, afirmó que la investigación en la Fiscalía no prosperará porque está claro que tratan de enjuiciar al líder amazónico para anularlo políticamente, y denunció que el pueblo peruano debe tener presente que Pizango se suma a la larga lista de 700 dirigentes de diversos gremios que también son víctimas de amenazas y hostilidad del gobierno. Hasta 20 años La fiscal de la 44ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, Jacqueline Sack Ramos, abrió investigación contra Pizango, por supuesto delito de insurgencia o rebelión que se castiga con una pena de 10 a 20 años de cárcel. LA PRIMERA indagó en el Ministerio Público sobre el caso, que el gobierno pretende continuar hasta que Pizango sea sentenciado, según dijo la ministra de Justicia, Rosario Fernández, y pudo averiguar que la denuncia se procesa en la 44ª Fiscalía. Voceros judiciales afirman que ningún delito fue consumado porque ni uno de los integrantes de Aidesep se rebeló contra el gobierno, ni hay el menor asomo de un levantamiento armado contra las autoridades. César Ascues Redacción La Primera