♣ DERECHOS HUMANOS UN RETROCESO EN EL PERÚ

Retrocesos en Derechos Humanos DETALLE En otro caso, el jueves se quebró el juicio contra Luis Valdez, el ex alcalde del distrito de Coronel Portillo, en Ucayali, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Alberto Rivera. El exceso de días sin que se realicen las audiencias provocó el quiebre. La defensa de Rivera espera la reprogramación del nuevo juicio oral. En tanto, el mayor Telmo Hurtado, principal responsable de la matanza de 69 campesinos en la localidad de Accomarca, sigue en Estados Unidos esperando ser enviado al Perú para que sea juzgado en nuestro país por sus crímenes cometidos. Es protegido por el gobierno de ese país, que no autoriza su repatriación, pese a una decisión judicial que ordena su expulsión por infracciones migratorios. (1) Más criminales libres. La impunidad volvió a ganar en el caso Los Laureles. (2) Las fosas comunes reflejan el horror que vivieron las poblaciones andinas. En varias salas penales y fiscalías del país, especializadas en Derechos Humanos, parece que alguien hubiera estado digitando constantemente en las computadoras la tecla “suprimir”, aquella que es empleada para borrar lo que uno va avanzando, y es que durante los últimos diez meses el tratamiento de los casos de violaciones de Derechos Humanos ha retrocedido. A los avances en recolección de pruebas, obtención por testimonios, recuperación de restos, captura de acusados y otras vías, ahora se contraponen la negativa a ordenar exhumaciones, la demora en denunciar nuevos casos, el archivamiento de otros procesos y la exculpación en menos de un año de 20 militares responsables de cometer crímenes. Otra prueba de este retroceso es la tardía reacción del gobierno en la entrega de reparaciones, ya existen registros de fallecimientos de personas que sobrevivieron a la violencia y que no llegaron a recibir una justa reparación individual por parte del Estado. En este contexto, la condena de 25 años impuesta a Alberto Fujimori por los casos La Cantuta, Barrios Altos y Sótanos SIE es la única sentencia memorable; una condena que ahora a los deudos de estos casos les sabe a nada cuando ven al ex dictador disfrutar de gollerías en su cómoda prisión personal de la Dinoes. La lucha de los deudos de las víctimas por encontrar justicia ya no avanza, retrocede. Juntos y revueltos La mayor exculpación de militares juntos en nuestro país ocurrió la semana pasada. El martes 13, la Sala Penal Nacional absolvió de todos los cargos, en el caso “Los Laureles”, a siete ex altos mandos del Frente Huallaga, dos de ellos acusados de ser autores mediatos y los otros de ser autores materiales de las desapariciones forzadas de tres personas, ocurridas entre mayo y noviembre de 1990 en Tingo María. Esta iba a ser la primera condena a militares por el delito de desaparición forzada luego de que Alberto Fujimori recibiera en mayo pasado 25 años por el mismo delito. Los abogados de la parte civil esperaban que los integrantes de la sala realicen una valoración de pruebas similar a la que realizó el tribunal que juzgó a Fujimori, pero la desazón fue muy grande, porque la sala determinó que los procesados no fueron autores mediatos, pese a que desde su posición de Jefes Políticos Militares del Frente Huallaga impartieron la política contrasubversiva de “eliminar” al enemigo. Lo más escandaloso de este fallo es que el tribunal puso en tela de juicio la existencia de los de-saparecidos. Otra sentencia que negó el derecho de las víctimas a la justicia fue emitida el último 5 de octubre. La Sala Penal presidida por Clotilde Cavero absolvió a Petronio Fernández, ex jefe político militar de Huamanga; a Eduardo García, Raúl O’connor y Donato Saavedra por la desaparición del ingeniero Constantino Saavedra, ocurrida el 1 de octubre de 1990 en la ciudad de Huamanga. Gloria Cano, abogada de la familia Saavedra, explicó que en este caso la sala basó su resolución en la inexistencia de un registro de detenidos que incluya a Constantino Saavedra cuando “es imposible que una relación de de-saparecidos exista, si justamente por eso se llama desaparición forzada, a la fuerza, es decir, sin dejar evidencia”. Mamita, los marinos A Indalecio Pomatanta lo quemaron vivo, tenía 17 años recién cumplidos cuando un grupo de marinos le prendió fuego, sobrevivió para identificar a sus agresores, pero falleció producto de las quemaduras. Esto ocurrió en la localidad de San Alejandro, en Ucayali. En primera instancia el marino Andrés Egocheaga fue sentenciado por la Sala Penal Nacional a 20 años de prisión y sus abogados apelaron. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el vocal Robinson Gonzáles, habría anulado esta sentencia. De confirmase esta información el proceso retornará a fojas cero y deberá darse inicio a un nuevo juicio contra Egocheaga, pese a que la defensa de la familia Pomatanta demostró en el juicio que el marino comandó el 2 de abril de 1995 la operación militar contrasubversiva que terminó con la muerte de Indalecio. Lo extraño es que la nulidad de la sentencia fue pedida por la fiscal Betsabé Revilla, un verdadero autogol de la Fiscalía que había logrado obtener una condena de 20 años para el principal responsable en este caso. Cabos sueltos Una nueva traba en los procesos por violación de derechos humanos se registró además la semana pasada. La Sala Penal Nacional devolvió a la Fiscalía el expediente del caso “Los Cabitos”, sobre desaparición y tortura de 54 pobladores de Ayacucho, con el fin de que revise el tipo penal. Los procesados en este caso son siete militares, por la desaparición forzada y torturas perpetradas en el cuartel “Los Cabitos”, en 1983. Pese a que la Fiscalía ya adecuó su acusación penal a los tipos penales vigentes en 1983, cuando fueron cometidos los crímenes, la sala insiste en que la de-saparición forzada no estaba tipificada en el código penal de la época y, por lo tanto, el caso no puede ser procesado después de 26 años. Un paso importante previo a la judicialización de los casos son las exhumaciones, proceso que consiste en desenterrar los restos humanos que yacen en las fosas con la finalidad de determinar, mediante técnicas científicas, cómo murieron esas personas. Actualmente está pendiente la realización de las exhumaciones en los casos Putka y Pucayacu, los cuales no son ordenados por la Fiscalía porque el Instituto de Medicina Legal es la única institución autorizada para realizar estos procedimientos y casi nunca se da abasto ya que no tiene el personal suficiente ni los materiales que se requieren para tan importante labor. Mientras no se realicen nuevas exhumaciones decenas de casos seguirán sin resolver. Otros casos Seis militares más salieron libres de polvo y paja los últimos meses. En el caso Eladio Mancilla, un dirigente barrial que la madrugada del 6 de junio de 1990 fue sacado de su casa por militares y llevado al cuartel “Los Cabitos”, fueron absueltos tres oficiales. Mientras que en el Caso Osorio, el oficial Juan Carlos Tello fue absuelto, pese a que testigos afirmaron en el juicio que el 28 de abril de 1991 el ciudadano Jeremías Osorio fue capturado por el batallón de Tello y arrastrado por un caballo y nunca lo volvieron a ver. En el Caso Matero, fue liberado el teniente Nemesio Ambía, enjuiciado por que comandó una patrulla cuyos miembros asesinaron el 25 de julio de 1986 a campesinos del poblado de Matero, en el distrito de Cangallo, Ayacucho. La semana pasada fallecieron Teodora Pariona y Delfina Chávez, dos tenaces madres que perdieron a sus hijos hace 25 años, hecho que pone de manifiesto la obligación de avanzar de manera efectiva en el proceso de reparación que el Estado les debe a las víctimas del conflicto interno. Actualmente Benedicta Mitma, quien presenta problemas nerviosos, y Juana Parcota, quien padece de cáncer pulmonar terminal, están internadas en hospitales limeños y están muriendo sin ser reparadas. Como ellas, muchas otras mujeres y varones, casi todos adultos mayores, siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema, soportando graves problemas de salud y sobrellevando situaciones de abandono, una realidad que contribuye a demostrar que en materia de derechos humanos estamos experimentando un verdadero retroceso. Dolor estéril Mil cinco casos de “esterilizaciones forzadas” fueron archivados este año por la Fiscalía de Derechos Humanos. Los casos se registraron durante los años 1996 al 2000, en el gobierno de Alberto Fujimori, condenado por violaciones de derechos humanos. Las características del caso fueron las siguientes: a las personas operadas no les informaron sobre los beneficios y riesgos de las intervenciones, ni expresaron por escrito su consentimiento para ser operadas. Los folletos preparados para el caso no contaban con toda la información de las prohibiciones previas a la intervención quirúrgica. Los formularios y materiales estaban escritos sólo en castellano y no en quechua, el idioma de las mujeres operadas. Las primeras investigaciones establecieron la existencia de omisiones en las historias clínicas. El Estado, en la práctica, privilegió los métodos irreversibles de planificación familiar en desmedro de los métodos temporales, esto iba contra la libre elección de las personas. Todo indicaba que las responsabilidades llegaban más allá de los médicos que las amenazaron o engañaron. En el año 2001 el Ministerio de Salud conformó una comisión que investigó el caso. Ante este grupo de trabajo testimoniaron los ex ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga (quien actualmente es congresista fujimorista y médico personal del ex dictador). Todos estos ministros negaron que las esterilizaciones hayan sido parte de un programa oficial y este caso también quedó impune. Marcelo Puelles Redacción La primera