LUCHAS SOCIALES, TORTURAS, DESAPARICIONES Y DERECHOS HUMANOS

A Arquímedes Ascarza Mendoza (19) lo sacaron a golpes de su casa en Ayacucho una fría madrugada del 2 de julio de 1983 en presencia de sus padres y hermanos y fue ingresado a la fuerza al cuartel “Los Cabitos” de Huamanga. Como centenares de varones, mujeres y niños, el joven ayacuchano jamás salió de allí. Han pasado 25 años y Angélica Mendoza, su madre, arribó nuevamente a Lima para seguir clamando justicia y un pedido especial: construir un Santuario de la Memoria en una parte de esa dependencia militar que se ha convertido en un cementerio clandestino. Ironía fúnebre que indigna a muchos en momentos que el gobierno aprista ensaya una política cerrada de defensa de los militares involucrados en violaciones de derechos humanos, a través de una comisión encargada de defenderlos legalmente, y un proyecto de amnistía que se bate entre indultos y “procesos acelerados”. Angélica Mendoza de Ascarza (78) y Lidia Flores de Huamán (56), madre y esposa de Arquímedes Ascarza y Felipe Huamán Palomino (32), respectivamente, estuvieron en Lima el último fin de semana. Estas adoloridas ayacuchanas piden que una parte del cuartel “Los Cabitos” sea donada por el Ministerio de Defensa a la Municipalidad Provincial de Huamanga, para levantar un Santuario de la Memoria. Una tarea tal vez difícil pero no imposible para las autoridades del gobierno regional y central. Doña Angélica es presidenta honoraria de la Asociación de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), una agrupación que ella y un grupo de familiares fundaron un 2 de setiembre de 1983, al ver que sus familiares no daban señales de vida. Su rostro surcado por las arrugas del dolor y sufrimiento, más que por los años, se hace más expresivo cuando evoca aquella fatídica noche en que la tranquilidad en su hogar se vio violentada por un grupo de militares que sacaron a empellones a su hijo Arquímedes. Espera y promesas “Hasta cuándo vamos a seguir pidiendo justicia. Ya parece que nos cansamos de tantos años, pero la memoria de nuestros hijos y esposos nos recuerdan que no debemos parar”, solloza esta suerte de “Madre de Plaza de Mayo” argentina. El clamor de justicia de Angélica y Lidia, actual presidenta de Anfasep, ha ido virando un poco de fondo. Ambas están convencidas que los militares que ejecutaron extrajudicialmente a sus hijos y esposos no les devolverán jamás con vida a sus seres queridos. Pero no desmayan en su afán de conseguir las reparaciones individuales, tema que el gobierno sigue esquivando. “Hay un proceso de Reparación Colectiva en Ayacucho, pero no nos alcanza”, sostiene Lidia Flores. “Nosotros nos acordamos cómo el señor Alan García llegó a Ayacucho en el 2005, para ofrecernos todo. El nos conoce”, recuerda la titular de Ansafep. Doña Lidia rememora cuando el actual mandatario llegó a Huamanga el 18 de octubre de ese año para comprometerse a cumplir con sus clamores. “Nosotros le daremos reparaciones individuales, los soldados han hecho cosas que yo no supe…”, fue lo que les dijo el entonces candidato presidencial aprista. Por ahora todo parece quedar en promesas incumplidas. Las violaciones de derechos humanos se acentuaron entre 1985 y 1990 en que Alan García estuvo al mando de su primer gobierno. En 1985, el general EP Wilfredo Mori Orzo se hizo cargo del Comando Político Militar de Ayacucho y es a él a quien señalan como el responsable de la construcción de un horno en “Los Cabitos” y la incineración de más de 300 cuerpos que se encontrarían enterrados en el cementerio clandestino del cuartel. La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho ha determinado que hay suficientes elementos de prueba para establecer la responsabilidad penal de los altos mandos del Ejército que estuvieron a cargo del tenebroso cuartel. Nunca más No se resignan ante tamaña injusticia por sus familiares desaparecidos, pero Angélica y Lidia, así como los 560 integrantes de Anfasep, creen que un Santuario de la Memoria es el lugar propicio para recordar lo que sucedió y que la historia de violencia y terror nunca más se repita. Sólo piden media hectárea de las 16 que comprende ese predio militar. “Queremos un lugar para orar, para llevar flores, velas y el recuerdo de siempre a todos nuestros familiares. Muchos de nuestros compañeros de la Asociación se están muriendo sin recibir justicia”, coinciden Lidia y Angélica. Con el apoyo de organismos de derechos humanos, como Aprodeh, Ceas (Comisión Episcopal de Acción Social), Comisedh (Comisión de DDHH), entre otros, Anfasep ha realizado trámites ante la Municipalidad de Huamanga y el gobierno regional de Ayacucho. Lo propio ha hecho ante la Presidencia del Consejo de Ministros y en la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel Encargada de la Reparación Colectiva y Reconciliación. Igual se lo han hecho saber a la Fiscalía de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Sólo esperan que los 25 años de injusticia no se sigan prolongando. “Es oportuno que el Perú les haga justicia” El pedido de otorgamiento de una parte del terreno del cuartel “Los Cabitos” para que se construya allí un “Santuario por la Memoria” es un justo reclamo de los integrantes de Anfasep, en momentos en que se habla de una propuesta de amnistía para militares acusados de violaciones de derechos humanos, asegura Miguel Jugo, director de Aprodeh. “Ellos y ellas han luchado durante veinticinco años. Es oportuno que el Perú les haga justicia, que puedan encontrar a sus seres queridos, que los responsables paguen por ello”, afirma Jugo. Sin embargo, el proyecto de amnistía a favor de violadores de derechos humanos que ha suscitado un polémico debate en estos días, colisiona con el clamor y deseo de Anfasep y Aprodeh, al igual que los organismos de derechos humanos. “Con una ley de amnistía se cerraría cualquier posibilidad de justicia y reparación. Se volvería a repetir la historia”, opina el representante de Aprodeh. El tema del terreno que piden los deudos de víctimas de derechos humanos, le preocupa a Aprodeh, pues el gobierno está viendo la posibilidad de entregar una parte del predio a los ronderos y militares pensionistas. No sólo se truncaría la opción de tener un Santuario intangible con todos los restos de las víctimas enterradas a lo largo de las 16 hectáreas del cuartel, sino que los deudos no tendrían un lugar donde acudir a orar por sus víctimas. Luego también lamentó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones haya desestimado la solicitud de licencia de Anfasep para establecer una radio en Ayacucho donde los familiares cuenten no sólo sus testimonios sino que aporten en la formación de una cultura de defensa de la vida y de la paz. José Clemente